Todos los niños tienen derecho a oportunidades educativas equitativas que los ayuden a alcanzar su pleno potencial como estudiantes comprometidos y miembros valiosos de la sociedad. Por lo tanto, todos los educadores de la educación infantil tienen la obligación profesional de promover la equidad. Pueden lograrlo cuando cuentan con el respaldo de los centros de educación inicial en los que trabajan y cuando, en conjunto con las comunidades más amplias, aceptan la diversidad y la inclusión plena como fortalezas, defienden los principios fundamentales de la imparcialidad y la justicia, y trabajan para eliminar las inequidades estructurales que limitan las oportunidades educativas equitativas.